La posible creación de una “asignación universal por hijo” volvió a ganar el primer plano de la situación política. El telón de fondo de esta polémica –que envuelve al gobierno, a sus opositores y a la Iglesia–, es pavoroso. En el último año, 400.000 obreros perdieron su trabajo. En relación con lo que viene, hasta los economistas que confían en una reactivación señalan que “lo peor para el mercado laboral aún está por llegar” (Informe económico de la Universidad Di Tella). Es que la recuperación capitalista plantea una feroz competencia entre pulpos, que éstos querrán dirimir en base a despidos y mayor superexplotación laboral. Como botón de muestra, está el ataque a los obreros de Kraft. Durante este mismo año, las paritarias fueron virtualmente anuladas y los salarios se ajustaron con “techos” ubicados por debajo de la inflación real.
Mientras tanto, hasta el Indec reconoce que, en medio de la crisis, los pocos empleos que se generan son precarios. Según esas mismas estadísticas, los trabajadores “no registrados”, que son la mitad de toda la clase obrera, ganan en promedio unos 1.500 pesos. ¡Pero la “canasta básica” (línea de pobreza) ¡ya supera los 1.600 pesos! No se equivoca, entonces, quien atribuye el crecimiento de la pobreza a la “pérdida o precarización de empleo, a la suba de precios y remuneraciones planchadas en el sector informal” (Agustín Salvia, director del Observatorio de Pobreza de la UCA e investigador del Conicet, en Fortunaweb del 20/9).
A la luz de lo anterior, es evidente que el avance de la miseria social es un resultado directo de la explotación capitalista y de la tendencia de ese régimen social a trasladar sus crisis sobre los trabajadores.
¿Asistencialismo? Ni eso
Ni el gobierno ni sus opositores capitalistas tienen una salida para este crecimiento capitalista de la pobreza. Saben, incluso, que están echando más nafta a la hoguera de la miseria social. Por caso, acaban de aprobar un presupuesto 2010 que reduce sustancialmente los subsidios al transporte y otros servicios públicos, lo que van a resarcir con mayores tarifazos. Pero para los Kirchner o los Carrió, la pobreza no sería el resultado del proceso capitalista que ellos mismos promueven –y que implica despidos, suspensiones y mayor carestía. Para ellos, la miseria social sólo afecta a los “excluídos” o marginados del sistema. En ese caso, la salida a la pobreza no plantea un ataque al capital, sino que depende del asistencialismo estatal. De este modo, las asignaciones por hijo –tan meneadas por la CTA, pero también por el Banco Mundial– han vuelto a la palestra.
Pero, ¿en qué consiste el asistencialismo de un gobierno que está por someter sus cuentas al control del FMI y se prepara a “reanudar relaciones” con el capital financiero internacional? Por lo pronto, el proyecto oficial ubica la asignación por hijo en 135 pesos. Para la consultora Ecolatina, la “canasta”, no de pobreza, sino de indigencia, ascendía en julio pasado a 260 pesos por persona. O sea que la caridad oficial apenas cubre la mitad del alimento de los menores que pretende amparar. El gobierno, por otra parte, se opone a la “universalidad” del subsidio, o sea que tampoco está claro a cuántos menores alcanzaría la asignación oficial.
Cristina Kirchner ha querido zafar por izquierda de los cuestionamientos opositores, señalando que prefiere abordar la pobreza “desde el trabajo y no desde la beneficencia”. De ese modo, reivindicó al régimen de contratación de cien mil trabajadores “cooperativizados” para la obra pública. La cifra coincide con los obreros de la construcción que perdieron su trabajo con la crisis y que, en el marco del plan oficial, volverían a los andamios sin convenio ni derechos laborales. En nombre de la creación de trabajo, la “política social” del kirchnerismo apunta a la destrucción del trabajo y sus conquistas. El ingreso precario de los cooperativistas pretenderá ser un nuevo piso para la contratación laboral de los capitalistas de la construcción. Mientras se llena la boca con “los niños”, el kirchnerismo agrava las condiciones de vida y de trabajo de sus padres trabajadores.
Carrió y Casaretto
En ese cuadro, la pastoral social y el “Acuerdo Cívico” de Carrió y Morales salieron a doblarle la apuesta a la mezquindad oficial. Propusieron que la asignación por hijo llegue a la “friolera” de 180 pesos y que sea universal. Pero a la hora de explicar de dónde saldrían los recursos, la Pastoral planteó que una parte podría financiarse con “los actuales planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar” (Clarín, 20/9). En ese caso, la “asignación por hijo” serviría de pretexto para eliminar definitivamente a los actuales planes, que permanecen sin indexar desde hace ocho años. Para Carrió y Prat Gay, de todos modos, la “universalidad” iría más lejos: con el tiempo, piensan que podría sustituir a las actuales asignaciones familiares. O sea que el “subsidio universal” serviría de coartada para barrer con conquistas obreras, que pasarían a sumergirse en el rasero común del asistencialismo estatal.
La clase obrera, frente a la pobreza
Bajo la infame pantalla común de la niñez desamparada, oficialistas y opositores quieren disimular su apoyo a la escalada capitalista contra la clase obrera, que golpea los salarios, los convenios y el derecho al trabajo. En torno de esta ofensiva, la burocracia sindical ha cerrado filas con los capitalistas y con el gobierno. En la CTA, Yasky y Lozano deben estar celebrando como una victoria política la “instalación” mediática de la asignación universal por hijo. Ello, mientras miran para otro lado en Mahle, Paraná Metal, Kraft y cualquiera de las luchas donde estuvo en juego el derecho al trabajo de miles de familias obreras. Los burócratas pretenden encontrar en el asistencialismo estatal la excusa para no luchar. Pero la caja de ese Estado está hipotecada ante el capital financiero. Los capitalistas y el gobierno sólo abrirán la billetera de la “política social” cuando sirva para promover el empleo precario (cooperativas), liquidar conquistas obreras o subsidiar capitalistas, como ocurre con el Repro.
La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por prohibir los despidos, luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy no es inferior a los 4.400 pesos; por la reapertura de las paritarias; por un subsidio al desocupado que cubra el 82% de esa canasta familiar y una jubilación móvil que parta de ese mínimo. Construyamos, en todos los sindicatos, direcciones clasistas para luchar por ese programa.
Marcelo Ramal
