"Si no los puedes derrotar, únete a ellos"

Desde las tribunas de la Sociedad Rural, la Mesa de Enlace realizó el acto más virulento que se recuerde desde las épocas de “la 125”. Sus dirigentes atacaron a “un gobierno que no se da cuenta que perdió las elecciones”, pero también a “una oposición que no sabe que las ganó”.

¿Cuál es la razón de los ataques y, en particular, de este último? Los ruralistas se desayunaron con que la principal de sus reivindicaciones, una rebaja de las retenciones a la soja, tampoco figura en la agenda inmediata de la mayor parte de la UCR, del ‘peronismo disidente’ y de Macri, ni en la del partido socialista. Sólo cuentan con el respaldo fanatizado de Carrió (no de todo el Acuerdo Cívico) y de Cobos. Los diputados oficialistas enviaron un proyecto para reducir sustancialmente las retenciones al maíz y llevar a cero las del trigo, junto con compensaciones en los fletes. El gobierno también anunció subsidios a los tamberos, que saldrán del presupuesto público pero no, naturalmente, de los superbeneficios que perciben supermercados y monopolios industriales en la “cadena de la leche”. La suma de esta primera factura es cercana a los 400 millones de dólares. Estas medidas expresan un intento de dividir al frente del capital agrario y aislar a una fracción de los sojeros.

A pesar de ello, la cuestión de la soja no ha salido del temario. La Mesa de Enlace tiene una fuerte carta de extorsión, que es negar su participación en el Consejo Económico y Social, y tiene el apoyo de la Asociación de Empresarios, que reúne a los principales pulpos capitalistas. El afán de incrementar las ganancias por las exportaciones de soja choca, sin embargo, con los intereses de los otros sectores del capital agrario, que se ven desplazados por aquel poroto, y con el peligro que representa una disminución de las retenciones para que se descontrole el déficit fiscal. Es lo que se encargó de destacar el diputado radical Morini, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso: “Hay que cuidar el perfil fiscal”. “Aún estos opositores radicales – comenta Ambito Financiero del 28/7– creen que es peligroso desfinanciar al Estado”. Por eso, cuando se reunieron, Cristina y Macri “avanzaron en una idea conflictiva: bajar fuerte los gastos por 40.000 millones de pesos en subsidios, a cambio de aumentos en las tarifas públicas” (Clarín, 24/7).

El nuevo canje

La preocupación por la caja del Estado no sólo responde a que el gobierno está “raspando la olla” de la Anses y hasta del Banco Nación, y a que los Estados provinciales se acercan a la quiebra y a la emisión de cuasi monedas. Ocurre que la camarilla oficial se ha lanzado a una nueva operación financiera: el canje de los títulos públicos de deuda en pesos, ajustables por inflación, por otros títulos de vencimiento más prolongado, con rendimientos elevados. Toda la burguesía impulsa esta operación: los bancos tienen entre el 30% y la mitad de estos bonos y el canje representaría un aumento de su precio en más del 50%, lo que se dice un hiper-negociado. De ahí que los banqueros estén dispuestos a postergar una rebaja de las retenciones a la soja si obtienen semejante ‘premio’. Por otro lado, “7 de cada 10 pesos de deuda atada al CER ya está en manos de la Anses, el Banco Nación y el Banco Central” (Cronista, 28/7). El canje significará para estas instituciones congelar sus recursos por un tiempo muy prolongado y quedar expuestos a una futura desvalorización, ‘default’ o confiscación. Al final, la deuda externa se ha transformado en intra-estatal, lo que significa que será pagada por depositantes, fondos públicos y aportes previsionales. Los acreedores capitalistas han ido cobrando, por tandas, la totalidad de la deuda.

Para ser “sustentable”, una nueva emisión de deuda debería ser parte de un paquete financiero más completo, o sea de la capacidad para contraer nueva deuda pública. Esto exige una política de ajuste, un ‘arreglo’ con los acreedores internacionales que tienen créditos sin cobrar (incluidas las indemnizaciones a Marsans y las renegociaciones de precios con las privatizadas) y, al final pero no muy lejos, el FMI.

Crisis política

Los choques a cuatro y cinco bandas, después de las elecciones, implican un agravamiento de la crisis política. Una ruptura con la Mesa de Enlace dejaría sin sustento al “Consejo Económico y Social”, al que apuesta el maltrecho gobierno “k”. “Ganamos en la calle, en el Congreso y en las urnas”, bramó Biolcatti en el acto de la Rural, en lo que constituye un reclamo para tomar el poder. Hasta un sector de la UCR –el de la Capital– denunció que este planteo conlleva intenciones “destituyentes” y aludió a “los mismos que tiraron a De la Rúa en 2001” (Duhalde, Techint, Arcor). El radicalismo (al menos un sector) teme que un final prematuro del kirchnerismo termine en manos de los Duhalde.

Los De Narváez y Solá reclaman “una interna en el pejota” que deje a los K sin sustento. La burguesía en su conjunto, incluida una mayoría del gobierno, quiere “ordenar” al conjunto de las relaciones sociales en función de la nueva agenda financiera vinculada con una salida capitalista a la recesión y a la quiebra. Ello liquidará los escasos recursos de arbitraje con la clase obrera que aún le restan a los K. Mientras Boudou preparaba el canje de deuda, Aníbal Fernández le aseguraba al país que “Massuh, muy pronto, volverá a ser privada”.

“Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”. A fuerza de agitar el fantasma de la “restauración conservadora”, el kirchnerismo sortea su destitución haciéndose cargo, por aproximaciones sucesivas, de la agenda de los destituyentes. Se terminó el verso ‘nacional y popular’. Los trabajadores nos enfrentamos a la tarea de desarrollar una alternativa política propia –una alternativa anticapitalista.

Marcelo Ramal

EL SALARIO, AL MINIMO


El “Consejo del Salario” no demoró mucho en ponerse de acuerdo.

Lo urgía la crisis política y la presión de las cámaras patronales.

El salario mínimo quedó en 1.400 pesos para agosto y sólo en 1.500, a cobrar a principios de febrero de 2010.

Tenemos una doble confiscación, porque el aumento de agosto es del 13% contra una inflación del 25% y el de febrero, dentro de siete meses, se lo comerá cómodo la inflación que nos espera.

De cualquier modo, el nuevo mínimo está a una considerable distancia de la canasta familiar, valuada en casi 4.000 pesos.

¡Por una vez, las patronales aceptaron los datos del Indek!

Lo resuelto por el Consejo demuestra el carácter reaccionario de la operación de ‘diálogo’ que se encuentra en marcha.

Su objetivo es desarrollar la agenda de los capitalistas.

Hasta la cavernaria Mesa de Enlace, que sigue defendiendo a muerte el trabajo de sol a sol del peón rural y su familia, firmó feliz el nuevo acuerdo.

Se trata de una linda manera de ‘calentar los motores’ de la entrevista que tienen prevista con la señora Presidenta.

Los partidarios del acuerdo dicen en forma vergonzante que no es necesario menear demasiado el tema, porque solamente afecta a 300 mil trabajadores.

Un argumento curioso en un país con millones de precarios y en negro, que ni llegan al mínimo, o cuando las paritarias están congeladas, sobreviviendo con sumas ‘a cuenta’.

O cuando hay suspensiones y reducciones de jornada que achican el salario de bolsillo en forma extraordinaria.

O cuando asistimos al reclamo de reducción de salarios de la patronal de la siderurgia (Techint) y de la negativa a dar aumentos por parte de la patronal metalúrgica.

O cuando se han producido tarifazos de luz y gas.

Las burocracias de la CGT y de la CTA han convalidado, en distinta medida y con argumentos diferentes, todo este despropósito.

El acuerdo del salario mínimo abre la ruta al Consejo Económico y Social, cuya agenda es la que establecieron las patronales y los banqueros internacionales.

La burocracia de la CTA cree que logra disimular su integración al Consejo y su colaboración con esa agenda porque llama a una jornada de movilización.

Pero no hay tal movilización cuando se trata de un hecho aislado, decidido en la penumbra desde arriba; es una maniobra de distracción al servicio de una política de colaboración de clases.

Nuestra consigna es que la CGT y la CTA rompan con ese Consejo y lancen un plan de lucha.Es la única forma de hacer frente al intento del gobierno y sus ‘adversarios’ de hacer pagar la crisis capitalista a los trabajadores.

Comunicado de Prensa Gripe A

LOS TRABAJADORES DENUCIAMOS AL GOBIERNO Y LAS PATRONALES POR OCULTAMIENTO DE DATOS, DESPIDOS, POR NO TOMAR MEDIDAS EFECTIVAS PARA CONTENER CORRECTAMENTE LA PANDEMIA DE GRIPE A H1N1

El día miércoles 22 se llevó a cabo la conferencia de prensa convocada por: Junta Interna de ATE del Htal. Garrahan, trabajadores del Banco Provincia de Bs. As., del INCAA; del Teatro Colon, del Call Center ICT de Telecom, de la Sec. de Cultura y Docentes de Gral. Sarmiento, Lanús y capital, quienes nos organizamos para enfrentar los efectos de la gripe porcina en los trabajadores y la política de los gobiernos con respecto a esta enfermedad.

Los compañeros docentes explicaron cómo se impuso la suspensión de clases con la movilización de padres y maestros, los bancarios se centraron en los problemas que tienen por el manejo de dinero y el trabajo en ventanilla; los trabajadores del Colón informaron cómo es enfrentar al mismo tiempo al virus y a Macri que está vaciando el teatro; los compañeros del call center ICT de Telecom denunciaron que fueron despedidos 28 trabajadores por exigir el cuidado de su vida y su salud con medidas mínimas de protección y los compañeros del INCAA y cultura comentaron cómo impusieron medidas de protección para los trabajadores en sus lugares de trabajo.

Entre otras cosas, planteamos la reincorporación inmediata de los compañeros del ICT de Telecom, ingreso urgente de personal en los hospitales, pase a planta de los trabajadores contratados, residentes, becarios y concurrentes en todos los hospitales públicos y las clínicas privadas ya que la pandemia se está enfrentando con menos cantidad de personal que lo habitual, aumentando así su alto riesgo de contagio; provisión de todos los insumos, medicamentos y elementos de bioseguridad; aumento del presupuesto para la salud pública y de salarios. No al pago de la deuda externa para tal fin. Importación inmediata de respiradores. Plan de Emergencia Nacional, poniendo bajo su órbita a todas las clínicas, sanatorios y laboratorios privados, única manera de contar con camas suficientes, personal idóneo, insumos y los medicamentos necesarios para la atención de la población.

Estatización del sistema de salud privada y los laboratorios farmacéuticos bajo control de los trabajadores para utilizar todos los recursos para la atención del pueblo pobre.

Prescindir de las patentes de Roche y Relenza para producir y distribuir medicamentos genéricos gratuitos.

Incorporación de un médico en todas las empresas y reparticiones públicas para la atención de los trabajadores.

Comités de Crisis encabezados por los trabajadores de la salud pública y privada, para controlar y dirigir la situación de emergencia sanitaria.

Finalmente hicimos públicos los datos del Hospital Garrahan que prueban la falsedad de los datos que están dando los gobiernos:

PRIMER CASO DE GRIPE A H1N1 EL 2-6-09

PACIENTES INTERNADOS SOSPECHOSOS DE GRIPE A: 271

CONFIRMADOS: 135

PACIENTES AMBULATORIOS SOSPECHOSOS DE GRIPE A: 348

PACIENTES QUE NECESITARON TERAPIA INTENSIVA: 20

7 PACIENTES FALLECIDOS

4 CONFIRMADOS

SIGUEN MINTIENDO: ¿COMO PUEDE HABER 7 MUERTOS EN EL GARRAHAN Y SOLO 15 EN TODA LA CIUDAD DE BS AS??

175 TRABAJADORES DEL HOSPITAL GARRAHAN BAJO TRATAMIENTO POR SOSPECHA DE HABERSE INFECTADO TRABAJANDO

Junta Interna de ATE HOSPITAL GARRAHAN,

Junta Interna de ATE INCAA " La Bermellón ",

José Piazza de Junta interna de ATE TEATRO COLON, Docentes en Marcha en IS,

Ana M. Ingolotti docente de Lanús, Estatales en lucha,

Comisión Interna Banco Provincia.

Saludo Pública: Gripe A

La gripe en el Hospital Posadas


Los medios nacionales han tomado nota del desarrollo de la epidemia de la influenza A en el Hospital Posadas.


El gobierno nacional sigue diciendo que han bajado las consultas y que estaríamos llegando a la meseta de la enfermedad. El Consejo de Administración que dirige el Posadas desarrolla la misma política que el gobierno nacional. Oculta los datos sobre los infectados y muertos en el Hospital. En su último comunicado (publicado el 7/7) habla de sólo 15 fallecidos y ocho sospechas y sólo dos trabajadores infectados, cuando se conoce que son más de 50 los muertos y hay más de 100 infectados, entre médicos, enfermeros, administrativos y auxiliares.

La gripe A ha invadido al hospital, no sólo por el desarrollo de la epidemia sino por la incapacidad e improvisación del Consejo. En una primera instancia ubicó dos lugares exclusivos para los problemas respiratorios (ambos en la planta baja); hoy podemos veren el hospital que en todos los pisos hay internación con pacientes de gripe A y que las demás enfermedades han sido desplazadas. En relación con los trabajadores, ha desconocido las resoluciones sobre licencias y ha implementado resoluciones internas que dejan las licencias de padres o madres con hijos menores al criterio de cada jefe de servicio. La autorización de las licencias por enfermedades son reservadas a los jefes de los departamentos del hospital. Así se pone en riesgo la vida de los compañeros que se enferman.

Ante una crisis sanitaria de esta características necesitamos la incorporación inmediata de más personal en todas y cada una de las áreas que así lo necesiten, para poder planificar y combatir la epidemia y que no seamos los trabajadores los únicos que paguemos los platos rotos de la desidia de otros.

Cumplimiento de las licencias a todos los trabajadores que les correspondan. Pago de plus a todos los trabajadores que trabajan en los sectores de contacto directo con la enfermedad. Puesta en marcha de un comité independiente que controle y verifique diariamente el estado de la situación y dé cuenta a los trabajadores.

A pesar de todo, seguimos luchando

La famosa epidemia de la gripe A está produciendo una mayor flexibilización entre los trabajadores, que desde antes estábamos flexibilizados. Por esta razón, a pesar de la política del Consejo, los trabajadores continuamos con nuestros reclamos.

Los profesionales continúan exigiendo la firma del decreto que ponga en vigencia su carrera. Esto es lo que se firmó en la paritaria sectorial; si así no lo hacen, realizarán la medida de fuerza que fue producto de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio, por eso en su última asamblea votaron el estado de alerta y movilización, pago del 8% del aumento del gobierno, aumento de 1.000 pesos a TODOS los profesionales, la inmediata firma de la nueva carrera profesional, el pase a planta y la inmediata inclusión al comité de crisis del hospital por la gripe A.

Jimena Lettieri


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Un monólogo entre capitalistas y burócratas

Los “lupineros”, como se llama a los kirchneristas en la tierra de don Néstor, se están agarrando a las trompadas. Si por la uña se reconoce al león, la crisis política santacruceña es un retrato vivo de la situación que enfrenta el matrimonial elenco en el poder. En la otra punta del país, Scioli quiere armar un gobierno “sin los Kirchner... aunque no sea contra ellos”, según informa Clarín, o sea que no aclara si es para proteger al casal de Olivos o para enterrarlo. Si el aparato de intendentes se alambra en la provincia, los K se van a desintegrar por una explosión interna antes que por las cornadas ‘destituyentes’ de la Mesa de Enlace.

Los opositores a los K no ocultan su temor, sin embargo, de que en el río revuelto se cuele el hartazgo popular. Grondonita advirtió el domingo pasado contra un ‘replay’ de la Alianza que acabe como en 2001. Los que suponen que cuentan en su favor con una derechización del electorado no olvidan, sin embargo, el derrumbe de Michetti en las dos últimas semanas de la campaña electoral. Por eso, las conspiraciones en marcha toman el cuidado de no afectar la “gobernabilidad”– lo cual es una alevosa contradicción de propósitos. Los ‘gorilettis’ rioplatenses están a la espera del desenlace de la crisis en Honduras para decidir entre el paciente trabajo del serrucho o el no siempre más contundente del martillo. De todos modos, a no equivocarse, pues la agenda de conjunto de oficialistas y opositores es la misma: recuperar el crédito internacional para hacer frente a la recesión y a la crisis fiscal y financiera. Está en debate una ofensiva general contra los trabajadores. La CGT y la CTA marchan al Consejo que quiere armar el gobierno, para ponerse a la orden del verdugo.

Economía, política, diálogo

El colapso capitalista planetario ha dejado un tendal de crisis políticas en todo el mundo; el trabajo de zapa de la política mundial está comenzando ‘por arriba’. Como a los sacudones de Islandia, Irlanda, los países del este de Europa y el Báltico se les ha puesto el rótulo de “argentinizaciones”, habrá que ver ahora cómo Argentina se “argentiniza” una vez más. De todos modos, apuntemos que en el barrio tenemos el caso de un colapso descomunal: México, que ha caído un 7% anual. En casa, estamos llegando al tercer trimestre consecutivo de caída de la actividad económica. La inversión no se mueve y los bancos tienen inmovilizada una enorme masa de dinero, mientras los recursos presupuestarios para subsidios a los capitalistas se agotan. El “diálogo” tiene una diversidad de “agendas”, pero el propósito común de buscar una salida capitalista a esta situación.

El capital sojero, naturalmente, reclama dejar de liquidar retenciones por exportaciones, y todo indica que ya habría un acuerdo en favor de una rebaja segmentada, que por empezar eximiría del pago a las propiedades hasta un rango de 500 a 1.000 hectáreas (lo cual supone una decena de millones de dólares de capital invertido). Dada la naturaleza de las labores sojeras, el beneficio se extendería a los capitales que reparten su trabajo de contratistas en varias unidades de producción (o sea en superficies que superan el tope mencionado). De todos modos, en el Congreso ya han surgido objeciones ¡en especial de la UCR! que advierten contra el peligro de una crisis fiscal. Es probable, sin embargo, que reflejen los intereses de otros sectores agrarios que se ven perjudicados por la sojización. En lo que se refiere a los famosos pooles de siembra o fideicomisos agrarios, que se beneficiarán con una rebaja del 30% de las retenciones (del 35 al 25%), seguirán descargando el impuesto sobre las tercerizadas que realizan la mayor parte de la labor agraria. No es casual que el precio de la tierra casi no haya caído.

Los gobernadores, que se anotan a su vez en “ligas” y “subligas” que no terminan de definirse, plantean un cambio drástico en la distribución de los recursos de las finanzas públicas (“coparticipación”) porque ya no tienen de dónde rascar un mango. La UIA, por fin, reclama lo suyo: una devaluación encubierta por la vía de nuevos impuestos y subsidios que le reporten más pesos por cada dólar de la exportación. Esta verdadera explosión de demandas capitalistas es formalmente inviable e inclusive agudiza la perspectiva del derrumbe fiscal ya señalado. Por primera vez desde 2003, el déficit total llegaría 6.000 millones de pesos, que se elevaría a 14.000 millones si se suman los “rojos” de los presupuestos provinciales. La enorme fuga de capitales bloquea cualquier perspectiva de financiar la crisis, no hablemos de una reactivación.

Viraje capitalista

La burguesía enfrenta la necesidad de un reordenamiento de conjunto, que los trabajadores están llamados a pagar. Algunos en el gobierno creen que les queda aire para pilotear la transición si ejecutan esta reestructuración, y para eso ofrecen pagar a los fondos buitres que quedaron afuera de la renegociación de la deuda externa en 2005 y arreglar un canje de los bonos que se indexan con la inflación. Pero para ofrecer de nuevo bonos en pesos, que no tengan atada una alta tasa de interés, deberán ‘normalizar’ relaciones con el capital internacional. Como los bonos argentinos se cotizan hoy a un nivel de quiebra, cualquier regularización entrañaría ganancias especulativas colosales. En el fondo, el ‘diálogo político’ no es más que una operación financiera en beneficio de los que operan con la deuda argentina. No son demasiados, ciertamente, los recursos que tiene la camarilla oficial para mantenerse en pie, y esto si sortea su propio autovaciamiento.

Ninguna de estas variantes ni sus “agendas” respectivas representan una salida para los trabajadores. La propia experiencia indica que no hay otro remedio que enfrentarla con una movilización independiente, reivindicando la prohibición de los despidos, la vigencia de las paritarias, la entrega a los trabajadores de toda fábrica que se paralice o cierre. No hay que rescatar al capital sino a los trabajadores, nacionalizando los bancos, poniendo en circulación sus fondos ociosos y cesando el pago de la deuda para dirigir los recursos a un plan de inversiones en infraestructura y desenvolvimiento industrial nacional.

El lugar para esto no es el Consejo Económico Social sino un Congreso de Trabajadores.

Pablo Rieznik

¡FUERA "EL FINO" PALACIOS!


Después de haber ratificado a Jorge Palacios al frente de la policía porteña, el gobierno de Macri inició el reclutamiento de sus nuevos agentes.


De los primeros 700, la enorme mayoría proviene de la Policía Federal, pero también de “la bonaerense” y otros cuerpos represivos.


Se trata de una verdadera “selección” de los cuerpos policiales imputados en la represión y en los negocios del crimen organizado, bajo la dirección de ex jefes y oficiales de la Federal.El garante de este copamiento es Jorge Palacios, denunciado por encubrimiento de la causa Amia y por sus conexiones con los secuestradores de Axel Blumberg.


Palacios, ‘de franco’, se unió a la represión contra la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.


En esa jornada fueron asesinados decenas de manifestantes en el centro porteño.Macri ya ha formado un ‘grupo de tareas’ dedicado al desalojo de habitantes de viviendas precarias.


Apoyamos la iniciativa de reunir 100.000 firmas y convocar a una gran marcha por la destitución de Palacios.


Planteamos: que se vaya Palacios, que se disuelva la “nueva policía” (una sucursal “federal” y “bonaerense”); que la Legislatura derogue la ley de su creación.

Las pequeñas maniobras frente a una gran crisis

Luego de la derrota electoral del gobierno han comenzado las maniobras de desgaste de unos contra otros. Como los electos el 28 de junio recién entrarán en funciones en el próximo período parlamentario, que comienza el 1º de marzo de 2010, las transas políticas apuntan a fijarle una ‘agenda’ al Congreso cuyo mandato ha vencido con anticipación. La Presidenta pretendió esquivar este condicionamiento, con muy poca fortuna, cuando intentó convocar a un ‘diálogo’ sobre una ley de ‘internas abiertas’ de partidos políticos, que rápidamente quedó desplazado del foco. La verdadera cuestión es que, el mes próximo, el gobierno necesitaría renovar “la delegación de facultades legislativas” (Clarín, 15/7), de la cual depende la vigencia de dos mil leyes dictadas bajo esa prerrogativa (ley 26.135/06). Entre las consecuencias de una caducidad de esa ‘delegación’ estaría el fin del derecho del Ejecutivo a fijar los derechos de exportación – que tanto interesan a los capitales sojeros y a los petroleros– y, en general, los precios de los servicios (más allá de las leyes de emergencia).

Es harto interesante el trascendido que da el diario, de que la oposición “accedería a dar otra prórroga” a esta ‘delegación legislativa’ – aunque solamente por seis meses. En septiembre deberá discutirse, además, el Presupuesto 2010, lo que pondrá en juego la vigencia de los ‘superpoderes’, los que dan al jefe de Gabinete el derecho a cambiar las asignaciones establecidas.

Acuerdo nacional, ni en formato menor

¿Se alumbraría, entonces, ‘un pequeño acuerdo nacional’ o el equivalente a un régimen semi-presidencial, en el cual el Ejecutivo se vería obligado a condicionar sus proyectos a una negociación con el Congreso?

Es cierto que el resultado electoral del 28 de junio pasado constituyó una derrota sin atenuantes del plebiscito mitigado (a la provincia de Buenos Aires) que planteó el kirchnerismo para asegurar la continuidad de su monopolio de la gobernabilidad. Esto significa que la camarilla gobernante pierde una parte de su poder a manos del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo retiene en sus manos facultades exorbitantes, como los decretos de necesidad y urgencia, o la facultad de negar la reglamentación a las leyes que le son adversas y la facultad de vetar las leyes que se hayan votado. Esto le alcanza para someter a sus adversarios a la extorsión de que cualquier obstáculo a su libertad de acción conduciría a la ingobernabilidad. La advertencia de ‘yo o el caos’, que han reiterado todos los gobiernos desde 1983 (y que ha concluido siempre con la victoria del ‘caos’), pasa a ser la regla de gobierno del kirchnerismo. Agustín Rossi, el vapuleado presidente del bloque de diputados del kirchnerismo, ya advirtió que si la oposición quería una baja de las retenciones a la exportación, debía venir con una propuesta de cómo reemplazar la pérdida de esos ingresos fiscales. ‘El que quiere celeste que le cueste’: los sojeros y sus representantes deberán decir con todas las letras a quiénes pretenden embromar para que se puedan reducir los impuestos a la exportación.

El gobierno pretende exhibir otros recursos políticos para lidiar con su condición de minoría. Por ejemplo, el director de la AFIP acaba de asegurarle a la UIA el pago de la deuda de unos dos mil millones de pesos en concepto de reintegros y subsidios, para ganarlos para la causa de formar un Consejo Económico y Social que le haría la competencia al Congreso virtual y a la oposición. Pero los industriales, banqueros y comerciantes condicionan su participación al tratamiento de asuntos inmediatos, como los aumentos de tarifas, una mayor devaluación de la moneda y, por sobre todo, la libertad para despedir y para reducir los salarios. La táctica de ‘puentear’ el ‘consenso parlamentario’ podría resultar más cara que la de aceptarlo. El Consejo podría convertirse en un hueso más duro de roer que el propio parlamento. Además, en el Consejo debería participar la Mesa de Enlace, con la cual los acuerdos podrían llegar a ser más difíciles que con la mismísima Carrió o el mismísimo Bergoglio. A la luz de esto, la tentativa de crear un ‘régimen de consensos’ acabaría en su contrario. La tendencia parlamentarista o semi-presidencialista que puso de manifiesto la votación del 28 de junio está contrarrestada por la tendencia hacia un presidencialismo fuerte, que toda la burguesía reclamó luego del levantamiento popular de diciembre de 2001. Hay una contradicción entre el reclamo de “reconstruir la política y el Estado”, por una parte, y el de querer convertir al Ejecutivo, en nombre del “consenso”, en un cero a la izquierda hasta diciembre de 2011.

Por todo esto, ha habido cierta liviandad por parte de algunos comentaristas que despacharon sin miramientos la propuesta oficial de establecer un régimen de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos. La intención de ganar tiempo, por parte del gobierno, es diáfana. Pero el planteo apunta a resucitar la vigencia de dos partidos, la UCR y el PJ, y a limitar las disputas políticas a la lucha por el control o liderazgo de estos partidos. Esto explica la rápida aceptación del ‘diálogo’ por parte de la dirección de la UCR. Es de esperar que los amigos de Carta Abierta hayan tomado nota de la proclividad de los K a revivir el pejotismo, cuando ellos están esperando una ‘transversalidad’ hacia la izquierda. Un retorno del bipartidismo forzaría al centroizquierda a discutir una alianza nacional con Binner, Luis Juez y otros incluso menos presentables – o sea a repetir, con modificaciones, la política que llevó al Frepaso a la Alianza de infausta memoria.

El muro de las ilusiones

Con todo, el núcleo duro de la crisis política es la bancarrota capitalista internacional que la condiciona. Varios analistas y observadores opinan, sin embargo, que es al revés: que la crisis política condiciona a la economía. Bastaría, dicen, un acuerdo o “consenso” en cuestiones básicas, para que Argentina se integre al sendero luminoso que marcan Brasil, China y la India. Para eso, insisten, ni siquiera sería imprescindible un convenio con el FMI: alcanzaría la obtención de un acuerdo de pago de la deuda con el Club de París y con los bonistas que quedaron afuera del acuerdo de 2003. Estos acuerdos, aseguran, permitirían recuperar el financiamiento internacional con el cual se haría frente a la recesión. Incluso van más lejos cuando vislumbran un nuevo ‘viento de cola’ para la economía de Argentina. Se trata, estrictamente, de un verso. La economía argentina enfrenta desequilibrios de fondo, como lo pone en evidencia la fuga de capitales. Existe una presión incontenible para liberar las tarifas de los servicios, reducir los impuestos a la exportación y poner fin a la reglamentación de precios. El Tesoro ya no tiene condiciones de financiar subsidios, ni Guillermo Moreno logra hacer valer su tablita. Se está desarrollando una violenta crisis en la Patagonia, como consecuencia del parate de la producción petrolera por parte de los pulpos, de los despidos y de la negativa a aumentar los salarios; esto último ocurre también en el caso de los metalúrgicos. Entre los reclamos fundamentales de los capitalistas se encuentra la prioridad de disciplinar los lugares de trabajo y de restablecer el régimen laboral de la convertibilidad. Ya que viene al caso, los que reivindican los resultados de China y compañía harían mejor en analizar sus desequilibrios descomunales, probablemente mayores y más explosivos que los de Argentina.

El topo está por sacar la cabeza

¿El electorado votó por el ‘consenso’, la parlamentarización y el compromiso? Una cosa son las tendencias que se manifiestan en el proceso político, que son el resultado de una multiplicad de factores, por sobre todo contradictorios. Otra cosa son las tendencias reales de las masas. El voto contra el gobierno (70%) abarcó a todas las clases sociales, pero no responde a la misma motivación. Lo que en la superficie aparece como la tendencia a un gobierno compartido o semi-presidencial, tiene que ver con el control del voto popular por los partidos capitalistas; es (y sólo por el momento) una tendencia de la clase dominante. Pero los problemas de las masas no van a ser resueltos por métodos capitalistas, o por parlamentarios, presidencialistas o ‘consensuados’. A medida que la realidad prosiga su trabajo, estas contradicciones quedarán más expuestas. El régimen político actual es incapaz de llevar sus tendencias internas (presidencialismo, parlamentarismo) hasta sus últimas consecuencias. Son fases de un proceso (ya largo) de descomposición.

En estas condiciones, los socialistas deben evitar la tendencia a las respuestas aisladas e improvisadas o impresionistas; es decir, evitar el empirismo. Deben proseguir la construcción revolucionaria en estrecha ligazón con la lucha de los trabajadores. Debemos colaborar con las masas al reconocimiento de las condiciones de lo que será una gigantesca lucha social y política.

Jorge Altamira

NO AL CONSEJO ECONOMICO-SOCIAL / PLAN DE LUCHA POR EL TRABAJO Y EL SALARIO

Es harto conocida la recomendación de Perón para dilatar la solución de un problema: "formar una comisión".

Es lo que está pasando ahora.

Luego de recibir el pago de subsidios adeudados por dos mil millones de pesos, la UIA y otros sectores patronales aceptaron la propuesta oficial de formar un Consejo Económico y Social, en el cual participarán, además, la Mesa de Enlace, la CGT y la CTA.

Hugo Moyano dio un rápido sí, luego de que consiguió meter a uno de los suyos en el departamento de Salud que distribuye los recursos para las obras sociales.

La CTA ha reiterado que también irá a ocupar una silla, con el pretexto de que es una forma de reconocimiento de su condición de central sindical.

¿Es esta la conducta propia de una "central alternativa"?

Pero lo que la historia de este país ha dejado en claro es que un organismo de colaboración de clases, en la órbita estatal, nunca ha resuelto ninguna necesidad de los trabajadores.

Todo lo contrario.

Moyano acaba de firmar, para el sindicato de camioneros, un acuerdo salarial por debajo de la inflación, pues se trata de un 17%, pero a cobrar en cuotas, lo que da un promedio del 12/14% anual.

La inmensa mayoría de los sindicatos tiene las paritarias congeladas.

En el sur, las patronales petroleras están despidiendo trabajadores a mansalva; lo mismo ocurre en la construcción y en la industria.

La desocupación es del 14% de la población activa -dos millones de trabajadores-, y va en ascenso.

Los obispos dicen que la pobreza volvió al 2002: un 40 por ciento.

Todos los sanitaristas coinciden en que la propagación de la gripe A es la consecuencia de un sistema de salud pública quebrado.

¿Qué ofrecerá el Consejo Económico?

Los empresarios reclaman tarifazos y libertad de precios, y también que se paguen las deudas con el Club de París y los bonistas que no aceptaron el canje de 2003.

Reclaman el impedimento del juicio civil en casos de accidentes de trabajo.

Reclaman la suspensión indefinida de las paritarias.

A cambio, prometen estudiar un subsidio universal por hijo de 150 pesos, como lo reclama todo el centroizquierdismo criollo.

El Consejo ofrece a los capitalistas un poder político que nadie les otorgó en las urnas y es, sin duda, una maniobra de los K para salir de los problemas en que están metidos, creando nuevos problemas.

Para los trabajadores y para la democracia, el Consejo en cuestión es una camisa de fuerza.

En oposición al corporativismo y al cercenamiento de la libertad de acción de los sindicatos, reclamamos que la CGT y la CTA lancen un plan de lucha para prohibir los despidos, impulsar las paritarias y arrancar un aumento de salarios y jubilaciones que reponga el poder adquisitivo perdido.

La teta de la Anses

Los diarios del miércoles, ¡incluso los oficialistas! (por ejemplo Página/12), no ahorraron su indignación ante las características que tuvo el cambio de gabinete: “autismo”, “enroque”, “más de lo mismo” fueron los epítetos que acogieron la noticia. Los más perturbados fueron los especuladores de la deuda pública, que esperaban una ansiada cesantía de Guillermo Moreno para apostar por la suba de la cotización de los bonos del Estado. Desde principios de año, la especulación con los títulos públicos dejó ‘rendimientos’ superiores al ciento por ciento.

En lo esencial, el nuevo gabinete pone de manifiesto que el gobierno ha decidido aferrarse con más empeño en ordeñar todavía más a la Anses, sea para pagar la deuda pública como para subsidiar y financiar a los grandes capitales en crisis. Amado Boudou, el nuevo ministro de Economía, ha sido –como jefe de la caja de los jubilados– quien convirtió a la Anses en una gran AFJP estatal. Se jacta, además, de invertir mejor la plata de los jubilados de lo que lo hacían los fondos privados. El sistema público, sin embargo, es un sistema de reparto, no de capitalización; es decir que no debería depender de la ‘calidad’ de las inversiones que se hagan con su dinero. El fracaso de las AFJP está vinculado con la anarquía de las operaciones capitalistas, sin que para ello importe si el inversor es ‘público’ o ‘privado’. El canje, por parte de la Anses, de letras del Tesoro, con plazos de medio año, por bonos que vencen en 2016 no testimonia una mejor gestión del dinero sino el vaciamiento a que está siendo sometida la Anses en beneficio de los capitalistas.

No es casual, entonces, la catarata de elogios con que refrendó la UIA la reunión que mantuvo con el mandamás de la Afip, en la cual obtuvo la promesa de cancelación de supuestas deudas del Estado con los industriales y los exportadores, sin la correcta investigación de su legitimidad –o sea de sub-facturaciones de exportaciones, sobre-facturaciones de importaciones y operaciones de fuga de capitales. La UIA es partidaria de ordeñar a la Anses hasta el último mango; lo otro que le interesa es que se mantenga la suspensión de las paritarias y que los aumentos de salarios sean mínimos.

La teta de la Anses, sin embargo, solamente puede ser exprimida si ocurre lo mismo con otras tetas, pues la crisis del capital privado es enorme: el Banco Central acaba de revelar que el endeudamiento privado no financiero es de cerca de 70 mil millones de dólares, con plazos promedio de vencimientos de un año y medio. Por eso, el ‘enrocado’ Boudou ya está pergeñando la madre de todos los ajustes –o sea, los tarifazos. Los ‘autistas’ quieren recuperar el superávit fiscal para pagar la deuda pública, por medio de un alza generalizada de precios de los servicios que hoy funcionan subsidiados.

Por cierto que todo esto solamente significa ganar tiempo, ¿pero qué otra cosa hacen los gobiernos capitalistas en el marco de una bancarrota sistémica? El gobierno quiere un acuerdo con el FMI, pero para eso quiere, primero, hacer un ajuste en sus propios términos (tarifazos) y negociar acuerdos con el Club de París y con los acreedores que no aceptaron la renegociación de la deuda en 2003. Según diversas informaciones, ya habría designado a la banca francesa Lazard Frères para encarar un acuerdo con el Club de París.

Ahora bien, sin Congreso adicto, sin PJ, sin ‘transversalidad’ y sin aceptación del progresismo (Solanas anunció futuros acuerdos con los sojeros Binner y Luis – Iveco – Juez), a los K sólo les queda como recurso de gobierno la burocracia de la CGT – incluso si debe chocar con la burocracia de Yasky, de la CTA. Por eso, le ha dado a un moyanista el control de Aerolíneas y, lo que es más importante, fulminó en 36 horas el nombramiento de un agente de las prepagas de Tucumán en la función de distribuir los excedentes de las obras sociales, donde terminó poniendo a un pollo del camionero. La tarea de Moyano y de Caló, de la UOM, es asegurar que los aumentos salariales salgan a satisfacción de las patronales y buscar una tregua con Techint.

El abroquelamiento de fuerzas de parte del gobierno también ha obedecido, con seguridad, al desarrollo de la crisis en Honduras, cuyo golpe es parte de una acción continental contra los países más o menos alineados o relativamente desalineados con el chavismo, entre los cuales se encuentran los K. Pero con este abroquelamiento, lo único que se propone el gobierno es sobrevivir mediante concesiones al conjunto del capital nacional e internacional –de ningún modo encarar un nuevo comienzo. El gobierno K marcha derecho hacia una crisis final (la derrota electoral del domingo 28 ha sido la penúltima posta del calvario kirchnerista).La bancarrota capitalista es más grande que los recursos y la capacidad política de los K. Las contradicciones dentro de la burguesía argentina operan como un límite para que opere en un frente único. Un ‘modelo’ sojero-exportador pondría fin a numerosos sectores capitalistas que dependen del mercado interno (produciría una valorización del peso y el abaratamiento de las importaciones). De todos modos, el precio internacional de la soja ha vuelto a la baja, como consecuencia de un cambio de tendencia de la especulación internacional. En las pasadas 48 horas, varias entidades patronales han repetido que no sería conveniente tocar las retenciones a la soja y que habría que limitarse a destrabar la renta para el trigo, la carne y la leche. La propuesta de los chinos de comprar una parte de YPF ha vuelto a poner al desnudo la fragilidad de Repsol, cuyos principales accionistas se encuentran en una carpa de oxígeno, alimentada por Rodríguez Zapatero, para evitar la quiebra. Todo el régimen energético de Argentina se encuentra en bemoles -pendiente de enormes deudas contraídas por el Estado con las generadoras.

Una lectura somera de los diarios, después de las elecciones, permite observar que lo que único que se discute es la agenda de los capitalistas -incluso Solanas ha coincidido en que lo prioritario es echar a Moreno “para dar certeza a las inversiones” (así se expresa el campeón de la defensa nacional de los recursos naturales). Sin embargo, la agenda de los trabajadores es más urgente que nunca: hay dos millones de desocupados (14% de la población activa); en el sur hay un gigantesco lock-out petrolero y una tendencia a la insurgencia gremial; los dos grandes ingenios azucareros de Salta están en huelga general; las fábricas que cierran no encuentran salida, salvo la victoria de los compañeros de Cive, del vidrio, en Córdoba; los salarios no se han recompuesto de la inflación; finalmente, las consecuencias sociales y económicas de la gripe porcina son devastadoras para los hogares humildes.

Tiene más vigencia que antes el planteo de que la crisis capitalista la paguen los capitalistas, y en primer lugar que se suspenda el pago de la deuda pública para aplicar los fondos a las necesidades que plantea la pandemia. Asimismo, necesitamos defender a muerte las paritarias, que en su mayoría han sido postergadas para la segunda parte del año. Las patronales quieren acabar con ellas y volver al régimen laboral de Menem-Cavallo.

Jorge Altamira

LA GRIPE NO ES DEL CHANCHO

Ni bien terminaron las elecciones, las grandes patronales se abalanzaron para plantear sus reclamos.
Resulta claro que interpretaron los resultados de las urnas a favor de sus intereses.Los sojeros piden que se bajen las retenciones a la exportación.

Los industriales, que se les paguen las deudas por subsidios o descuentos de impuestos y, por sobre todo, que no se reanuden las paritarias.

Las empresas de servicios quieren el tarifazo.

Los bancos y los acreedores internacionales reclaman que se normalicen las estadísticas para poder cobrar a pleno la deuda del Estado que se indexa o ajusta por inflación.

¿Y los trabajadores?

Moyano solamente se interesa por colocar a su gente en los ministerios de Salud y de Transporte.
Yasky finge animarse con un llamado a ‘abrazar’ el Congreso.

Mientras tanto, la desocupación llega a los dos millones de trabajadores, las fábricas cerradas no tienen salida, los salarios se deterioran, los despidos continúan.

La gripe A golpea social y económicamente a los más humildes y pone de manifiesto el derrumbe de la salud pública –luego de los cinco ‘rugientes’ años de ‘crecimiento chino’.

La crisis sanitaria desatada por la gripe A demuestra la incompatibilidad entre el capitalismo y la seguridad social y la salud pública.

Necesitamos poner en el centro del escenario nuestras necesidades y reclamos:

• cobro integral de los salarios por suspensiones o cierres ocasionados por la gripe; anulación de todo descuento por presentismo.

• cese del pago de la deuda pública y transferencia de esos fondos al sistema de salud pública;

• gratuidad de los medicamentos para los trabajadores;

• reanudación inmediata de las paritarias con delegados electos en asamblea;

• no a despidos o suspensiones, reparto de las horas de trabajo al cien por cien del salario;

• un seguro al parado del 82% móvil;

• que jubilados y trabajadores dirijan la Anses, 82% móvil para los jubilados;

• expropiación de toda empresa que cierre;

• cancelar las concesiones a las empresas mineras, preservar los glaciares y el medio ambiente de los flujos de agua;

• independencia de los cambios y recambios de gabinete, que se convoquen asambleas y congresos de bases de la CGT y la CTA para elaborar una salida anticapitalista a la bancarrota del capital.

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HONDURAS

Una crisis continental

La sangre de los asesinados el domingo 5 – cuando entre 30.000 y 50.000 personas intentaron tomar el aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa– ha aumentado la resistencia popular al golpe que, lejos de retroceder, no hace sino aumentar. Según advierte el analista de Clarín, Marcelo Cantelmi, “si no hay un acuerdo urgente, el desafío es que, si esto se extiende, crecerá la protesta y (Manuel) Zelaya regresará pero aupado por las multitudes y con un poder renovado, ignorando compromisos y compartiendo utilidades políticas con sus socios bolivarianos” (6/7).

Entretanto, el ejército sitia Tegucigalpa para impedir que ingresen en ella las decenas de miles de campesinos que llegan a la capital después de una marcha de hasta 600 kilómetros –a pie, en camiones o como fuese, eludiendo los puestos militares en las rutas del país. Esa movilización popular condiciona en parte cualquier salida “diplomática” a la crisis.

Por primera vez desde el golpe, se hacen visibles las fracturas en la “pequeña santa alianza” que tomó el poder en Honduras y se genera entre ellos “una trama de enredos, traiciones y conspiradores arrepentidos” (Clarín, 6/7). Quedan también a la vista las vacilaciones en los mandos policiales, que nunca acompañaron de buena gana el golpe de mano de militares, terratenientes y partidos tradicionales de derecha, todos ellos agrupados detrás de las sotanas del episcopado de Honduras.
Ahora aparecen legisladores del Partido Liberal, al cual pertenecía Zelaya, que denuncian “que ellos nunca votaron (la destitución del presidente) o que no fueron convocados. Ya hay al menos 18 que no reconocen al actual gobierno” (ídem).

Más aún: según esa misma edición de Clarín, la elite empresarial que respaldó el golpe empezaba a advertir “que la presión internacional sería insostenible y que quienes iban a pagar el pato de la boda serían ellos. Y que, al parecer, no estaban dispuestos a inmolarse con él (por el presidente de facto, Roberto Micheletti)”.

En ese sentido, la prensa informa sobre una reunión en casa del empresario Mario Rivero –a la cual asistieron Rafael Pineda, Jorge Hernández y Schucry Kafie, entre otros– para tomar distancia de los golpistas después de haberlos alentado. Con ellos estuvo el ex presidente Ricardo Maduro (2002-2006). Otro ex mandatario, el liberal Carlos Flores (1998-2002), se adhirió a ellos por teléfono desde los Estados Unidos, a donde había viajado para anudar la maniobra golpista en medios financieros y políticos norteamericanos. El frente golpista empieza a disgregarse.

Al mismo tiempo, sobre el asesinato de manifestantes en las inmediaciones de Toncontín, “la policía culpó al ejército de haber realizado los disparos” (ídem). No es de extrañar porque, durante su gobierno, Zelaya hizo innumerables concesiones a la fuerza policial.

Obama, los “halcones”, la OEA

“No se equivoca esta vez Hugo Chávez cuando advierte que este golpe no lo tuvo como blanco (a Chávez) sino que fue mucho más arriba, contra su colega norteamericano Barack Obama. Aquella visión que indaga en las raíces de esta crisis por afuera del escenario donde se está produciendo, revela una interna feroz en la cima del poder en EEUU” (Clarín, 4/7).

Debe tenerse en cuenta que las primeras denuncias contra Zelaya, las que empezaron a agitar las aguas del golpe, las formuló el cubano norteamericano Otto Reich, ex secretario adjunto para Latinoamérica de George W. Bush, uno de los “halcones” del Partido Republicano yanqui.

“Reich forma parte de un racimo de halcones lanzados, en la región, a evitar una apertura de EEUU hacia Cuba. Y a nivel global, bloquear la presión del demócrata (por Obama) sobre Israel, denunciar el retiro de Irak y desbaratar cualquier diálogo con Irán. El ex vicepresidente Dick Cheney es quien maneja esa agenda” (ídem).

Esto es: el golpe hondureño tiene en Honduras apenas el intento de dar la primera puntada de un entretejido muchísimo más vasto, consistente en agrupar a la extrema derecha de toda la región para barrer hasta los vestigios de los “boliviaranos”, con incidencia incluso en la política de Oriente Medio.
El lobby sionista norteamericano no sólo rechaza de plano el acercamiento de Chávez o Evo Morales a Irán; además, Israel tiene vínculos históricos y directos con las mafias centroamericanas que manejan el tráfico de drogas y el contrabando de armas. Oficiales israelíes, junto con los de la CIA y represores argentinos, entrenaron en técnicas contrainsurgentes, especialmente de tortura, a los ejércitos de El Salvador y Honduras durante la guerra en América Central. Se equivocará gravemente quien piense que aquello es sólo historia pasada. Además, la derecha norteamericana ha sido desplazada de la Casa Blanca pero no del Departamento de Defensa y menos aún de la central de inteligencia, además de mantener su poderío en el parlamento y, sobre todo, entre los pulpos financieros con oficinas centrales en Manhattan, donde, además, el lobby sionista tiene un peso enorme.

Por eso, la condena norteamericana ha sido por ahora menos que tibia, sin hacer efectiva sanción alguna salvo el no reconocimiento de los golpistas, como si esperaran el desgaste de la movilización para que fuera posible una salida negociada; por ejemplo, el adelanto de la convocatoria electoral prevista para noviembre. A Obama y a la OEA les resulta permisible una victoria indirecta o disimulada del golpismo, antes que el triunfo de la movilización popular.

Se ha abierto una crisis política de magnitud continental, por lo que se impone, como señalaba la edición anterior de Prensa Obrera, “impulsar movilizaciones populares y una movilización continental con la consigna del apoyo al levantamiento popular en Honduras”.

Alejandro Guerrero

Gripe A: El Partido Obrero plantea

1. Cese por 15 días de toda la actividad del país (como hizo México), ya sea laboral, comercial o educativa.

2. Aumento inmediato del presupuesto de salud para enfrentar la emergencia, bajo el control de los trabajadores de los hospitales.

3. Colocar el sistema de salud privado bajo manos públicas, utilizando todos los recursos disponibles para la atención del pueblo.

4. Incorporación del presentismo al básico, mientras dure la emergencia.

5. Que los salarios se paguen al ciento por ciento en caso de suspensión de actividades.

La Argentina es el tercer país por número de víctimas de gripe A (42 al 30 de junio) y por el aumento de casos. El diario La Nación (29/6) afirma que “los muertos serían más de un centenar y el número de infectados, más de 10.000”. El ausentismo escolar llega al 40% y el laboral, al 30%. Todos los especialistas coinciden en que las peores semanas son las que están por venir.Sin embargo, el Comité de Crisis formado por el gobierno está paralizado. No decretaron la emergencia sanitaria sino que dejaron librado el accionar a cada provincia. Ni el gobierno nacional ni los de las provincias, incluso aquellos que están en manos de sectores opositores, propusieron aplicar una política para enfrentar de raíz la epidemia.

¿Qué se debe hacer? Todos los especialistas coinciden en que el cierre de las actividades públicas en México logró frenar la epidemia. Habría que hacer lo mismo: limitar los viajes, montar cordones sanitarios, prohibir eventos masivos. De nada sirve suspender las clases si, por otro lado, la gente sigue viajando en medios de transporte abarrotados o si se estudia o trabaja en condiciones propicias para extender el contagio.

Pero si no se lleva adelante esta política es porque se prioriza la defensa de los intereses de los capitalistas. Para éstos cualquier suspensión de la producción equivale a dejar de ganar millones y millones de pesos. El gobierno prioriza los intereses de los capitalistas, no la salud de la población. Ni siquiera se ha tomado la medida elemental de incorporar, mientras dure la emergencia, los presentismos al básico. Si se suspenden actividades por la pandemia el salario debe ser pagado igualmente al ciento por ciento.

La epidemia de Gripe A muestra que el sistema sanitario argentino está en ruinas. En el Malbrán no hay reactivos específicos para esta enfermedad y el diagnóstico se hace por descarte. Las camas de las terapias intensivas y de neonatología de los hospitales porteños están colmadas al 100%. El Hospital de Campo de Mayo y el Policlínico Posadas -30% de sus internados tienen gripe A- decretaron por su cuenta la emergencia. La Asociación de Profesionales de Posadas informa que “no hay agua caliente, faltan camas y médicos, y los que hay están agotados, duermen como mucho dos horas por noche debido a la gran demanda”. En el hospital Notti, de Mendoza, dos médicos de guardia atienden un promedio de 300 pacientes. Esa es la norma en todo el país: una debacle. “No puede ser que no haya presupuesto ante una pandemia”, dice Horacio López, infectólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ante el derrumbe sanitario la única salida posible para enfrentar la actual situación es imponer que el sistema de salud privado pase a manos públicas, colocando todos los recursos disponibles que tiene el país disposición del pueblo. ¡No puede ser que existan clínicas cinco estrellas, con menú a la carta, mientras el pueblo se muere en las camillas porque no alcanzan los nebulizadores!

En cada lugar de trabajo y de estudio es necesario que los trabajadores se autoconvoquen para imponer un programa que nos permita defender nuestra vida y la de nuestra familia.

Nuestra votación real en la Provincia de Buenos Aires

No se puede hacer un análisis de nuestra votación al margen de la separación de las boletas que enfrentamos el día de la elección, como consecuencia de una decisión arbitraria de la Cámara Electoral. Diez días antes de las elecciones había dictaminado que la boleta de la Lista 14 del Partido Obrero, que encabezaba Néstor Pitrola, fuera desvinculada de la Lista 257 de Política Obrera, que correspondía a los cargos provinciales y municipales. En el cuarto oscuro, este hecho provocó una descomunal confusión, completamente natural, que se manifestó en la división del voto a nuestro partido e incluso en el voto en blanco o a otras listas de izquierda. La división de las boletas funcionó como un factor destructivo del voto al PO. Los resultados de la Lista 14, que son los que publican los diarios como representativos de nuestro partido, no corresponden a la realidad –están disminuidos en una proporción que es imposible de calcular por las razones apuntadas, pero que en ningún caso son inferiores al 70%– o sea que confirmarían las intenciones de voto sistemáticamente adelantadas por todas las encuestas, que pronosticaron un 1,8 a 2,0 por ciento de los votos válidos.

En este marco, la votación a diputados nacionales al Partido Obrero, arroja, faltando escrutar un 3 por ciento de las mesas, 77.223, lo que representa un 1,07 por ciento. Este nivel de votación no se corresponde con los aumentos de nuestra votación que se manifestaron en todas las provincias sin excepción, ni con la recepción que encontramos en la campaña electoral. A diferencia de la actividad que desplegó el Partido Obrero, sus competidores de izquierda estuvieron borrados de la provincia en toda la campaña, que habían concentrado sobre la Ciudad de Buenos Aires; el contraste con el resto de la izquierda fue abrumador, más marcado que nunca. No es exagerado decir que la izquierda estuvo prácticamente borrada. Tampoco, repetimos, se compadece con las encuestas previas, en particular las referidas la intención de voto en el segundo cordón del Gran Buenos Aires.

Dislocación

La separación provocó un efecto dislocador irreparable. La Lista 257, que es la que reúne los cargos provinciales y municipales, obtuvo menos votos que la Lista 14, cuando normalmente ocurre lo inverso, o, como en el caso de nuestro partido, que tiene una votación homogénea que no conoce excepciones. Este hecho es una primera manifestación de la confusión que tuvo lugar en el cuarto oscuro.

Otro dato fundamental es el que proviene de los relatos de los fiscales. Nosotros reunimos 2.500 fiscales en toda la provincia, de modo que estuvimos en condición de estar presentes al menos en una mesa de votación por escuela al momento del escrutinio. Es decir que si tenemos en cuenta que había 30.000 mesas de votación, la muestra que tenemos es lo suficientemente representativa –y esto en mayor medida en el conurbano, donde tuvimos un fiscal en el 80 por ciento de las escuelas. El informe de los fiscales era coincidente: la boleta 14 aparecía sola, o sea que no estaba acompañada por la 257, en tanto que ésta tampoco venía acompañada por la 14; la reunión de las dos boletas en un mismo sobre era excepcional. Tomamos, simplemente a manera de ilustración, algunos ejemplos de diferentes zonas.

En Lanús, en una mesa en una escuela ubicada en una zona no céntrica: 5 votos en favor de la 14 encabezada por Pitrola y otros 2 sólo para la 257. En la Técnica 6 de Remedios de Escalada, el informe de seis mesas del colegio indica: 17 votos a la 14 y 8 votos para la 257 de Política Obrera. No hubo ningún caso en que las boletas provinieran del mismo sobre. En Berazategui tenemos el siguiente panorama: en una mesa de la escuela 2, hay 4 votos a favor de la 14 y 3 a la 257 en sobres separados; en tres mesas del Politécnico: 4 votos a la 14 y 5 por la 257; cero y 1 a favor de la 257; y 3 a favor de la 14 y 0 por la 257, respectivamente. En dos mesas de la Escuela 44: 3 votos por la 14 y 0 a la 257 y en otra 2 a favor de la 14 y 6 a favor de la 257, todos en sobres separados.

En La Matanza, en una mesa en la escuela EPB 27, de Lomas del Mirador, un informe de dos mesas señala 3 votos a la 14 y 2 a la 257 separados, y en la segunda mesa 4 votos a la 14 y 1 a la 257, también separados, correspondientes a sobres diferentes; en la escuela 165 del Barrio Dorrego de González Catán, 7 votos fueron a la Lista 257 y 5 a la 14. En la 11 de la Laferrere, tenemos 6 votos a favor de la 257 y uno, completo, a favor de la 14. En la EPB 131, de Rafael Castillo, en la mesa 252, apenas 1 voto completo con ambas boletas, 3 a favor de la 14 y 4 por la Lista 257.

En el Oeste, en una mesa de la Escuela 66, del barrio Güemes en Moreno, 4 fueron a la nacional y 2 votos a la 257, por sobres separados en todos los casos. En una mesa de la Escuela 8, de Hurlingham, se constataron 4 votos sólo a la 14 y otros 4 exclusivamente a la 257. Tampoco hubo votos completos. En una escuela privada ubicada en la zona residencial de Morón, el informe de tres mesas indica un voto exclusivamente a favor de la 14 y en las otras dos mesas 1 y 2 votos, respectivamente, con exclusividad a favor de Política Obrera (257).

En la zona Norte, en el caso de Tres de Febrero, de una mesa en la Escuela 14 se informaron 4 votos a la provincial y 4 a la nacional. Siempre por separado. En San Miguel, en la Escuela 23, se da la misma situación en una mesa; es decir, 4 votos a favor de la 14 y 4 a favor de la 257, con la existencia de un solo voto completo (provincial y nacional) en uno de los sobres. En una mesa de la escuela Modelo de Bella Vista: 7 votos a la 257 y 0 a la 14. En la mesa 179 de la Escuela de Belén de Escobar: 8 votos por la 14 y 1 por Política Obrera, todos en sobres separados. En la Media 5 de San Martín, en la que tenemos un panorama de más mesas: 27 a favor del Partido Obrero y 6 por la 257, también en forma separada.

La sola constatación de la separación de los votos nos dice, más allá de otras distorsiones que se pudieron producir y hasta de la confusión política que pudieron provocar, que el cómputo final nos disminuye entre el 50 y el 70% de la votación que suman las dos listas, o sea que el resultado final oscilaría entre los 110 mil y los 140 mil votos.

Esto también se puede constatar, tomada de conjunto la provincia, simplemente si comparamos los votos a diputado provincial con el voto que obtuvimos a concejales. A los cargos provinciales, logramos un total de 51.478 votos en toda la provincia y a concejales de 53.350. Es decir, estamos en presencia de una discrepancia de menos de 2.000 votos y en términos porcentuales de apenas el 4 por ciento. Quiere decir, que no hay un corte de boleta entre diputados provinciales y concejales. El que votó al Partido Obrero en el ámbito municipal, nos votó a nivel provincial y por lo tanto, hay una razón fundada para sostener que estaba dispuesto a votar también por el Partido Obrero a nivel nacional.

Un compañero del Partido de San Isidro relató que se encontró inmediatamente después de los comicios con simpatizantes que nos votaron. Pero lo habían hecho sólo a la boleta 14, desconocían la existencia de la 257. Esta anécdota se da también a la inversa.

Inferioridad material

Está irregularidad en nuestra presentación electoral nos colocó en inferioridad de condiciones materiales frente a nuestros adversarios políticos. Sin estas distorsiones habríamos obtenido la votación que nos asignaban las encuestas –que no habían registrado, sin embargo, ninguna votación significativa para el resto de la izquierda.

No se nos escapa que la mayoría de los trabajadores quedó atrapada, políticamente, por los partidos y coaliciones patronales. Incluso activistas y luchadores avanzados y combativos fueron absorbidos por los tres bloques patronales y, en menor medida, por Sabbatella, una rueda auxiliar del capital (mereció la tapa de The Wall Street por su gestión municipal). Pero la arbitrariedad político-judicial nos impidió registrar en números la tenaz lucha librada por el Partido Obrero y las simpatías y adhesiones que recogimos, incluso un nuevo reclutamiento. El resultado político de nuestra campaña electoral es objetivo e irreversible – no puede ser desbaratado por las maniobras de los punteros de la justicia.

Pablo Heller

¿Por qué fuimos con boletas separadas en Buenos Aires?

La Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, que avaló las candidaturas “testimoniales” y permitió la participación de un gran número de listas colectoras, esgrimió que entre el Partido Obrero (Lista 14) y Política Obrera (Lista 257) no existía vínculo jurídico y, por ende, no podían ir adheridas las boletas.

Para ello hicieron caso omiso de lo que el común de la gente sabe perfectamente: que ambos partidos son lo mismo. Incluso, según manifestaciones de muchos funcionarios de la misma Justicia, ellos también lo saben. Por las dudas de que no se hubieran enterado, tenían en sus expedientes las cartas orgánicas idénticas, las plataformas electorales sin una coma de diferencia y, también, las declaraciones de principios y bases de acción política, totalmente iguales.

Pero, además de ignorar esto, fueron mucho más allá. Ignoraron la voluntad expresa y manifiesta de ambos partidos, en reiteradas actas de sus órganos de conducción, de integrar las boletas en las distintas categorías. Pero esto no fue lo único: también presentamos documentación de ambos partidos, en la que solicitábamos nuevamente la integración de las boletas y proclamábamos candidatos extra partidarios a los candidatos de la otra lista, a saber: el Partido Obrero (Lista 14) proclamó candidatos extrapartidarios a los candidatos de Política Obrera (Lista 257) y viceversa. Además, el PO (Lista 14) también manifestó la autorización a sus afiliados y militantes para que pudieran integrar las listas de Política Obrera (Lista 257). A su vez, en la audiencia en la que se expusieron los modelos de boletas para todos los partidos que participaron de las elecciones, ningún otro partido manifestó voluntad contraria a que las boletas fuesen como se habían presentado y solicitado; es decir, unidas. Pese a todo esto, la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires nos impidió ir con las boletas adheridas, por la “no existencia de vínculo jurídico”.

Inmediatamente de notificados de esto, apelamos esa resolución pues entendimos que nos causaría daño. Abundamos en argumentaciones tratando de demostrar lo ya dicho y rebatimos la no existencia del vínculo, basándonos en un fallo de la Cámara Nacional Electoral en el año 2007 en donde, en Neuquén, nos habían permitido adherir las boletas del Partido del Obrero Neuquino, con candidatos provinciales, a las del PO (Lista 14) del orden nacional con la candidatura presidencial. Demostramos que en el mismo sentido que en Neuquén en 2007, el partido Política Obrera (Lista 257) solicitaba la adhesión al Partido Obrero en el orden nacional y, por tal motivo, existía vínculo.

En menos de 30 horas entre la presentación de la apelación en La Plata y la notificación del fallo de la CNE, la Justicia Electoral nos contestó ratificando lo establecido por la JEN de la provincia.

¿Por qué tanta celeridad en esta respuesta? ¿Por qué ignorar que somos un mismo partido?Cada lector puede sacar sus propias conclusiones, pero no deja de llamar la atención que, justo cuando empezaban a aparecer encuestas que nos daban en puestos expectables para entrar, en medio de una de las elecciones más truchas (adelantamiento, listas colectoras, candidaturas testimoniales, etc.), nos sancionaran con una medida en contra de la libertad democrática de manifestar la voluntad de los partidos de ir integrados en sus boletas, lo que nos causaría un gran daño por llevar confusión al elector.

Por todo eso redoblamos los esfuerzos para conseguir más fiscales, que debieron explicar esta situación a las autoridades de mesa solicitándoles que nos dejaran colocar las boletas una al lado de la otra (lo que no es lo mismo que integrar una sola boleta). Naturalmente, no todos aceptaron, ni pudimos llegar a la mayoría de las mesas.


Raúl Stevani, apoderado provincial (19/6)

Otro "voto no positivo" - El penúltimo

La derrota contundente del kirchnerismo, el domingo pasado, es una expresión del completo impasse al que ha llegado el régimen político actual como consecuencia de la bancarrota capitalista y del agotamiento de su política económica. A partir de esto, la derrota es la expresión del cambio de frente de la 'burguesía nacional' que había defendido el 'modelo productivo' (moneda y salarios devaluados) desde el gobierno de Duhalde en adelante. O sea que a la patronal agraria, que rompió con el gobierno el año pasado, se sumaron los otros componentes del capitalismo nativo para precipitar este desenlace. En ocasión de la Resolución 125, el gobierno renunció a sus facultades para decidir la tasa de las retenciones a la exportación, para llevar el arbitraje del conflicto agrario al Congreso. Perdió como consecuencia del 'voto no positivo' de Cobos. Un año más tarde, volvió a renunciar a su mandato para gobernar, esta vez para someterse al arbitraje de un plebiscito mediante el adelantamiento de las elecciones. Volvió a perder, pero en una escala social y política más amplia. El gobierno, al que todos coinciden en calificar como malevo y prepotente, se ha caracterizado, al revés, por una manía a recular en cada oportunidad en que ha tenido que enfrentar una crisis política. Se ha quedado sin oxígeno – es un gobierno interino, con una duración incierta. Si pretendiera superar estos límites, será puesto en la calle por otro 'voto no positivo' definitivo. La votación en el Congreso, el año pasado, dejó a los K sin vicepresidente; la del domingo pasado dejó al gobierno bicéfalo sin la principal de sus cabezas.

Cambio de frente

La base económica de la derrota oficial es la incapacidad financiera del Estado para socorrer a la clase capitalista. Por eso, todos los medios sociales capitalistas, incluidos los que aún siguen en el oficialismo, reclaman tirar la toalla ante el FMI. El recurso a la Anses, luego de la nacionalización de las AFJPs, se ha agotado. Los K, con sus préstamos y socorros a las empresas capitalistas mediante la utilización de los aportes jubilatorios, transformaron a la Anses en una AFJP estatal, que en lugar del régimen de reparto quiere funcionar como un sistema de capitalización. Pero para esto habrían necesitado que el conjunto de la burguesía los acompañara en el financiamiento de la economía (y con ello el capital internacional) –lo cual de ningún modo ha ocurrido, precisamente porque nacionalizaron a las AFJP. Como consecuencia de esto vino la ruptura de la UIA y de Techint con los K, que usaron como pretexto la nacionalización de Sidor, por parte de Venezuela. La burguesía nacional, que Kirchner se había propuesto 'reconstruir', acabó solicitando la sociedad con la Mesa de Enlace, la recreación de la coalición patronal de 'los 8' y el voto por la oposición. Esta escisión se manifestó al interior del propio oficialismo: en "Los mensajes de la elección de ayer", el ultra K Aldo Ferrer plantea la necesidad de defender "la moneda, las finanzas públicas y los pagos internacionales" (Bae, 29/6), o sea recurrir al FMI y largar los tarifazos. También reclama, como toda la clase capitalista, la 'normalización’ del Indec, no para aumentar salarios (por supuesto), sino para restablecer la indexación de la deuda pública. Es el mismo reclamo del conjunto de la burguesía. Esta dislocación de la base del gobierno se manifestó abiertamente en el campo político: el justicialismo se dividió en todos los distritos, los gobernadores afines marcaron las distancias, y el aparato de intendentes del conurbano se aseguró el voto para sí y dejó colgada a la lista de los candidatos 'testimoniales' a diputados encabezada por su jefe.

La votación del domingo pasado ha expresado la reacción del conjunto del organismo social frente a la parálisis económica y el agotamiento del gobierno. Pero la dirección de esa reacción la ha establecido la burguesía, que quiere un cambio de frente en la gestión del Estado (mientras el PO planteaba que "la crisis la paguen los capitalistas", el electorado ha encargado a los capitalistas la salida a la crisis, algo que comprobarán en la práctica en las próximas semanas). La claridad de este fenómeno, o sea el contenido capitalista de la votación del domingo pasado, se encuentra subrayada, especialmente, por la tropa de nulidades que encabezó al bloque opositor: De Narváez, Macri, Carrió, Reutemann. El liderazgo de la oposición es un enorme desierto, o sea que no aportó desde sus personalidades a la conquista del voto. Es en este terreno que pretende prosperar otra nulidad, el gobernador Scioli, con un programa que no necesita explicaciones: "hay que despolitizar la agenda argentina", le dijo a Clarín (30/6). Se trata, precisamente, del programa de un gobierno interino, que quiere comprar el apoyo del capital financiero con una política de ajuste de los gastos sociales y del salario; de los tarifazos para los capitalistas y del acuerdo con el FMI, bajo la máscara de una 'gestión técnica'. El límite de esta política salta a los ojos: en medio de una bancarrota capitalista y de la previsible reacción de la clase obrera y de numerosos sectores de trabajadores al ataque en ciernes, esta 'agenda' supone reemplazar a la 'política' por la judicialización y la represión de la protesta social. Al final, la única calificación que la burguesía le había reconocido a los K hasta el momento era su capacidad para reglamentar el conflicto social por medio de la burocracia de los sindicatos. La crisis política que deja el agotamiento del gobierno de los K significa al mismo tiempo el derrumbe del único arbitraje político que se construyó, después de 2002/3, entre los obreros y la burguesía. Por eso, ahora, la expulsión de Guillermo Moreno del gobierno se convierte en una prueba crucial, puesto que tuvo a su cargo la tarea fundamental de montar los arbitrajes del Estado en todos los terrenos –el último en Massuh. Un cambio de frente de la política económica implica la salida del forjador del Indek, uno de los reclamos principales de los 'lobbys' financieros, agrarios e industriales. Una salida del López Rega comercial del kirchnerismo implicaría, como en el caso de Isabelita, un estallido formal de todas las contradicciones y la suerte terminal del gobierno. Nos encontramos en las vísperas de lo que puede llegar a ser 'la madre de todos los conflictos', el que se anuncia entre los metalúrgicos, por un lado, y Adimra y Techint – que rechazan cualquier aumento salarial– por el otro.

Solanas

En este cuadro, ¿la votación por Solanas representa una reacción contra la tentativa del capital de reencauzar la crisis en sus propios términos, o forma parte del mismo escenario? No se trata, como se ve, de la 'ideología' de Proyecto Sur, cualquiera sea ella, sino de su lugar en la crisis política que ha abierto la elección del domingo.

Aunque Proyecto Sur se define como "una construcción política" se trata, en realidad, de un armado improvisado – que ha estado negociando, hasta las vísperas de la convocatoria electoral, con Ibarra, Sabbatella y Luis Juez, entre otros tantos. Expresa una división, la que existe en la CTA entre sus dos fracciones burocráticas. Ha hecho una gran votación gracias al derrumbe de sus viejos aliados, Ibarra, Heller y Carrió; incluso capitalizó el retroceso del macrismo. No solamente no ha hecho ninguna crítica o caracterización del cambio de frente de la burguesía frente al gobierno, sino que sus principales voceros (Lozano) estuvieron alineados con la Mesa de Enlace –vía Federación Agraria, que integra también la CTA. Lozano caracterizó, el año pasado, que la única burguesía auténticamente nacional era la agraria. Estas características lo ubican como parte de la reacción capitalista a la crisis y como parte del cambio de frente de la burguesía argentina. Su campaña estuvo poblada de promesas de votar todo lo que entendiera como positivo, sea del gobierno como de la oposición.

Lo más interesante de todo son, sin embargo, las declaraciones de Solanas después de los comicios, cuando exigió "como muestras de cambio" las renuncias de Jaime, De Vido y Moreno, y la "normalización del Indec" (La Nación, 1/7) –o sea, precisamente, el eje de los reclamos de las patronales nativas. Como él mismo se encargó de destacarlo, quiere esa 'normalización' para que "los empresarios definan sus inversiones" (palabra por palabra, las mismas razones de los 'empresarios'). Aunque en un orden secundario, también pidió "la prohibición de los despidos por 180 días", limitó la exigencia a "las grandes empresas", cuando seguramente sabe que la legión de despidos se encuentra en las otras. Las 'grandes' se hallan beneficiadas por un régimen de suspensiones financiadas con subsidios oficiales, al que Solanas no hace ninguna alusión; tampoco alude al acuerdo que se perfila oficial y semi-oficialmente con el FMI. Por sus planteos y su función política en el desarrollo de la presente crisis, Proyecto Sur se ubica como el ala izquierda del cambio de frente de la burguesía.

Perspectivas

El derrumbe del kirchnerismo no es un fenómeno local, aunque tiene particularidades intransferibles, por ejemplo su incapacidad para movilizar a las masas o su mayor dependencia de la burguesía local –cuando se lo compara con Correa, Chávez y Evo Morales. El impasse económico es incluso más agudo en Venezuela, por ejemplo, a pesar de los recursos petroleros. El condicionamiento general de todos ellos es la bancarrota capitalista mundial. En todos los casos mencionados, la oposición a los gobiernos nacionalistas la conduce la oposición de derecha, no la izquierda, o sea que el proletariado no ha conquistado una posición independiente. Pero, igualmente esa derecha enfrenta una tarea extremadamente conflictiva, debido a las condiciones de conjunto de la crisis y el grado de desarrollo de las luchas populares. Esto explica la falta de apuro de la burguesía para acabar con el gobierno de los K; un tercer "voto no positivo" hará saltar todas las contradicciones sociales acumuladas. En cualquier caso, está claro que el programa del alineamiento político que triunfó el 28 de junio conduce a una acentuación de la lucha de clases. Por eso, lo más importante, a la hora de un balance de las fuerzas revolucionarias, es establecer el progreso que han tenido entre los sectores más activos de las masas como consecuencia de su agitación electoral.

Para nosotros, el voto ha sido positivo.
Jorge Altamira