El choque de trenes en San Miguel ha mostrado un escenario repetido: el del derrumbe ferroviario.
El deterioro del servicio marcha de la mano de la precarización de sus trabajadores, del enriquecimiento de los concesionarios y de la complicidad de una burocracia sindical que es, ella también, empresaria.
El ente regulador, a cargo del "control", es una agencia muda al servicio de los concesionarios. Mientras tanto, los gastos de infraestructura fueron pasados al Estado.
Las vías del San Martín, donde sucedió el accidente, son administradas por la Ugofe. La misma "empresa tripartita" que en el ferrocarril Roca se aferra a la tercerización laboral, en complicidad con el gobierno y los Pedraza.
Hace cuatro meses, esa alianza burocrático-empresarial-estatal se cobró la vida de Mariano Ferreyra.
Los responsables políticos de ese crimen aún no han sido indagados. Sus cómplices empresariales, tampoco.
La continuidad de todos ellos, en la gestión del ferrocarril, no sólo es impunidad para con el crimen de Mariano. Es la garantía para que siga el saqueo del ferrocarril, nuevos accidentes y crímenes contra el pueblo.
Expulsemos a los Pedraza-Maturano, a los privatizadores y sus funcionarios de la gestión del Ferrocarril. Por su re-estatización bajo la gestión de trabajadores electos. Cárcel a Pedraza y a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra.
