Desde las tribunas de la Sociedad Rural, la Mesa de Enlace realizó el acto más virulento que se recuerde desde las épocas de “la 125”. Sus dirigentes atacaron a “un gobierno que no se da cuenta que perdió las elecciones”, pero también a “una oposición que no sabe que las ganó”.
¿Cuál es la razón de los ataques y, en particular, de este último? Los ruralistas se desayunaron con que la principal de sus reivindicaciones, una rebaja de las retenciones a la soja, tampoco figura en la agenda inmediata de la mayor parte de la UCR, del ‘peronismo disidente’ y de Macri, ni en la del partido socialista. Sólo cuentan con el respaldo fanatizado de Carrió (no de todo el Acuerdo Cívico) y de Cobos. Los diputados oficialistas enviaron un proyecto para reducir sustancialmente las retenciones al maíz y llevar a cero las del trigo, junto con compensaciones en los fletes. El gobierno también anunció subsidios a los tamberos, que saldrán del presupuesto público pero no, naturalmente, de los superbeneficios que perciben supermercados y monopolios industriales en la “cadena de la leche”. La suma de esta primera factura es cercana a los 400 millones de dólares. Estas medidas expresan un intento de dividir al frente del capital agrario y aislar a una fracción de los sojeros.
A pesar de ello, la cuestión de la soja no ha salido del temario. La Mesa de Enlace tiene una fuerte carta de extorsión, que es negar su participación en el Consejo Económico y Social, y tiene el apoyo de la Asociación de Empresarios, que reúne a los principales pulpos capitalistas. El afán de incrementar las ganancias por las exportaciones de soja choca, sin embargo, con los intereses de los otros sectores del capital agrario, que se ven desplazados por aquel poroto, y con el peligro que representa una disminución de las retenciones para que se descontrole el déficit fiscal. Es lo que se encargó de destacar el diputado radical Morini, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso: “Hay que cuidar el perfil fiscal”. “Aún estos opositores radicales – comenta Ambito Financiero del 28/7– creen que es peligroso desfinanciar al Estado”. Por eso, cuando se reunieron, Cristina y Macri “avanzaron en una idea conflictiva: bajar fuerte los gastos por 40.000 millones de pesos en subsidios, a cambio de aumentos en las tarifas públicas” (Clarín, 24/7).
El nuevo canje
La preocupación por la caja del Estado no sólo responde a que el gobierno está “raspando la olla” de la Anses y hasta del Banco Nación, y a que los Estados provinciales se acercan a la quiebra y a la emisión de cuasi monedas. Ocurre que la camarilla oficial se ha lanzado a una nueva operación financiera: el canje de los títulos públicos de deuda en pesos, ajustables por inflación, por otros títulos de vencimiento más prolongado, con rendimientos elevados. Toda la burguesía impulsa esta operación: los bancos tienen entre el 30% y la mitad de estos bonos y el canje representaría un aumento de su precio en más del 50%, lo que se dice un hiper-negociado. De ahí que los banqueros estén dispuestos a postergar una rebaja de las retenciones a la soja si obtienen semejante ‘premio’. Por otro lado, “7 de cada 10 pesos de deuda atada al CER ya está en manos de la Anses, el Banco Nación y el Banco Central” (Cronista, 28/7). El canje significará para estas instituciones congelar sus recursos por un tiempo muy prolongado y quedar expuestos a una futura desvalorización, ‘default’ o confiscación. Al final, la deuda externa se ha transformado en intra-estatal, lo que significa que será pagada por depositantes, fondos públicos y aportes previsionales. Los acreedores capitalistas han ido cobrando, por tandas, la totalidad de la deuda.
Para ser “sustentable”, una nueva emisión de deuda debería ser parte de un paquete financiero más completo, o sea de la capacidad para contraer nueva deuda pública. Esto exige una política de ajuste, un ‘arreglo’ con los acreedores internacionales que tienen créditos sin cobrar (incluidas las indemnizaciones a Marsans y las renegociaciones de precios con las privatizadas) y, al final pero no muy lejos, el FMI.
Crisis política
Los choques a cuatro y cinco bandas, después de las elecciones, implican un agravamiento de la crisis política. Una ruptura con la Mesa de Enlace dejaría sin sustento al “Consejo Económico y Social”, al que apuesta el maltrecho gobierno “k”. “Ganamos en la calle, en el Congreso y en las urnas”, bramó Biolcatti en el acto de la Rural, en lo que constituye un reclamo para tomar el poder. Hasta un sector de la UCR –el de la Capital– denunció que este planteo conlleva intenciones “destituyentes” y aludió a “los mismos que tiraron a De la Rúa en 2001” (Duhalde, Techint, Arcor). El radicalismo (al menos un sector) teme que un final prematuro del kirchnerismo termine en manos de los Duhalde.
Los De Narváez y Solá reclaman “una interna en el pejota” que deje a los K sin sustento. La burguesía en su conjunto, incluida una mayoría del gobierno, quiere “ordenar” al conjunto de las relaciones sociales en función de la nueva agenda financiera vinculada con una salida capitalista a la recesión y a la quiebra. Ello liquidará los escasos recursos de arbitraje con la clase obrera que aún le restan a los K. Mientras Boudou preparaba el canje de deuda, Aníbal Fernández le aseguraba al país que “Massuh, muy pronto, volverá a ser privada”.
“Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”. A fuerza de agitar el fantasma de la “restauración conservadora”, el kirchnerismo sortea su destitución haciéndose cargo, por aproximaciones sucesivas, de la agenda de los destituyentes. Se terminó el verso ‘nacional y popular’. Los trabajadores nos enfrentamos a la tarea de desarrollar una alternativa política propia –una alternativa anticapitalista.
Marcelo Ramal
